Algunas reflexiones sobre la libertad académica - Artículo de opinión enviado

Durante más de 100 años, la Universidad de Texas A&M se ha promocionado como defensora de la libertad de expresión, la excelencia académica y la investigación rigurosa. Esta promesa ha sido algo tangible tanto para estudiantes como para profesores. La libertad académica no es un ideal abstracto. Es el mecanismo que permite a los expertos enseñar lo que sus campos de estudio requieren, a los estudiantes encontrarse con ideas que quizás aún no comprendan o con las que no estén de acuerdo, y a las universidades formar graduados capaces de pensamiento crítico en lugar de lealtad ciega. Cuando se protege esa libertad, todo el ecosistema institucional se beneficia.
Sin embargo, en los últimos años, un número creciente de decisiones administrativas ha planteado serias dudas sobre la firmeza con la que se defienden estos principios cuando el trabajo académico se vuelve políticamente controvertido. La dirección de la universidad ha intervenido en el currículo y en asuntos de contratación de profesorado tras presiones externas. Estas intervenciones señalan un alejamiento de la gobernanza del profesorado y la revisión por pares como factores principales en la toma de decisiones académicas. En cambio, el juicio académico ha sido reemplazado por la evaluación de riesgos administrativos y la complacencia política.
Las consecuencias de este cambio incluyen una notable disminución de la calidad educativa. Cuando el profesorado ve a colegas sancionados o despedidos tras la reacción pública, incluso cuando su enseñanza se ajusta a las normas de la disciplina, se envía un mensaje claro: ciertos temas es mejor evitarlos; ciertas preguntas es mejor no hacerlas. Con el tiempo, esto restringe la investigación abierta, limita los planes de estudio y deja a los estudiantes con una educación menos basada en la experiencia y más en la adoctrinación. Así es como el rigor académico se erosiona silenciosamente, mucho antes de que las clasificaciones o las cifras de matriculación reflejen el daño.
Varios casos recientes ilustran este patrón. El contrato de la profesora de periodismo, la Dra. Kathleen McElroy, para un puesto de liderazgo fue modificado después de que se plantearan objeciones externas, un proceso que posteriormente se reflejó en las comunicaciones internas. La profesora de la Escuela de Salud Pública, la Dra. Joy Alonzo, fue suspendida de sus funciones tras la atención pública a los comentarios que hizo durante una conferencia sobre la adicción a los opioides, en la que hizo referencia a la dirección estatal. Más recientemente, la profesora de inglés, la Dra. Melissa McCoul, fue despedida tras la reacción negativa relacionada con una discusión sobre género en un curso de literatura. En cada caso, la acción administrativa siguió al escrutinio político o público en lugar de una revisión transparente, dirigida por el profesorado y basada en estándares académicos.
La intervención de la dirección también se ha extendido a la programación académica previamente aprobada. Los cursos de filosofía impartidos por el Dr. Martin Peterson y el Dr. Leonard Bright fueron cancelados o modificados tras objeciones a su tratamiento de Platón y temas relacionados con el género, a pesar de estar alineados con enfoques ampliamente aceptados en el campo. Además, la eliminación del programa de licenciatura en Estudios de la Mujer y de Género tras la adopción de una política que restringe el debate en el aula sobre raza y género demuestra cómo áreas de estudio enteras pueden ser eliminadas cuando la dirección universitaria prioriza la reputación política sobre el consenso académico. El resultado es un profesorado cada vez más limitado por la incertidumbre y una educación deficiente para los estudiantes. Esto sin duda conducirá a una drástica disminución de la reputación, la financiación y la producción académica de Texas A&M.
Este patrón plantea una cuestión estructural más amplia sobre la gobernanza. La Junta de Regentes de Texas A&M es nombrada por el gobernador, un sistema que inevitablemente vincula la supervisión universitaria a las cambiantes prioridades políticas y a las expectativas reaccionarias de los donantes. Si bien esta estructura puede garantizar la rendición de cuentas política, no es adecuada para salvaguardar la independencia y la excelencia académica. Reemplazar la Junta de Regentes por un comité dirigido por el profesorado, con la experiencia necesaria, garantizaría que la autoridad académica recaiga en manos de expertos. Este paso es esencial para reducir la influencia de la presión política externa y restaurar la confianza en Texas A&M como institución. Tal reforma no debilitaría la universidad, sino que la fortalecería al devolver la integridad educativa a manos de los expertos del profesorado capacitados para defenderla.
Si Texas A&M quiere mantener su credibilidad y reputación como una institución de educación superior seria, se requiere un cambio significativo. Los estudiantes, el profesorado y el personal administrativo deben mantener estos temas visibles, exigir transparencia en las decisiones administrativas e insistir en la revocación de las políticas que socavan la autonomía académica. De lo contrario, la calidad de la investigación y la educación en Texas A&M perderá cada vez más valor con el tiempo. Lo más importante es que la universidad debe comprometerse nuevamente con estructuras de gobernanza que protejan la labor académica de la interferencia política. La libertad académica no es un eslogan, sino un principio fundamental que posibilita la educación, la investigación y el progreso intelectual.